VIAs recurre en alzada la autorización de una planta de energía fotovoltaica en Bárcena del Bierzo

El proyecto ocuparía un espacio de 50 hectáreas de pastos, huertas y viñedo junto al pueblo

Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) ha presentado recurso de alzada contra la autorización para la instalación de la planta de energía fotovoltaica “Apolo Energy 1” por parte de la Junta de Castilla y León. Este proyecto de instalación de placas y línea de evacuación eléctrica afecta a los municipios de Cubillos del Sil y de Ponferrada, concretamente, a la localidad de Bárcena del Bierzo, y prevé la ocupación de 50 hectáreas en varias parcelas pegadas al pueblo, con solamente una calle de separación del núcleo urbano. Ello podría provocar perjuicios para la salud de los vecinos de Bárcena del Bierzo debido al ruido de las baterías.

La agrupación considera que el procedimiento administrativo ha de declararse nulo de pleno derecho, pues el proyecto de energía fotovoltaica “Apolo Energy 1” incumple los requisitos de viabilidad establecidos en el Decreto Ley 2/2022, de 23 de junio, una norma autonómica que regula, entre otros aspectos, los lugares para la instalación de renovables. En concreto, la planta no cumpliría con el mínimo exigido de 500 metros de separación del casco urbano, lo que debería significar la declaración del proyecto como no viable, pese a que el Informe Ambiental considere que “no tiene efectos significativos sobre el medio ambiente”.

VIAs denuncia asimismo que los vecinos de Bárcena del Bierzo no se beneficiarán de la culminación del proyecto, puesto que carecen de Junta Vecinal y no pueden imponer tasas al sector eléctrico por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de montes comunales y, por tanto, no recibirán contraprestación económica alguna.

La formación rechaza la localización de este proyecto en fincas destinadas a la actividad ganadera y agrícola, para la cual están previstas urbanísticamente al encontrarse en el ámbito del Canal Alto del Bierzo, más cuando existen ubicaciones alternativas ya industrializadas en sus proximidades como el polígono de El Bayo o las instalaciones de Compostilla II.

La inseguridad jurídica lastra a los pueblos por los que las promotoras de renovables quieren expandirse

Capital Energy proyecta tres líneas de evacuación sobre la Abadía de Compludo, sin junta vecinal

El bum de la especulación eólica es una realidad que acecha sobre el municipio, dada cuenta de la reunión mantenida hace unos días entre el alcalde, Olegario Ramón, y los promotores de Capital Energy. Este grupo empresarial pretende instalar más de 500MW de energía distribuidos en varios parques eólicos en La Maragatería, La Cabrera o en el término de San Cristóbal de Valdueza, con las correspondientes líneas de evacuación que desembocarían en la subestación eléctrica colectora de Compostilla II. En el caso de Ponferrada, para los vecinos de los pueblos del sureste es especialmente difícil posicionarse con respecto a estos proyectos, al carecer la mayoría de capacidad jurídica.

La principal línea de evacuación de energía proyectada por Capital Energy constaría de 47 postes a lo largo de 18 kilómetros que atravesaría, entre otras localidades, Espinoso de Compludo, Los Barrios de Salas o Campo, que carecen de Junta Vecinal. Estos pueblos, al no estar constituidos como entidades locales menores, no pueden beneficiarse, o en su caso, oponerse a la proliferación de proyectos renovables, ya que la Ley 1/1998 de Régimen Local de Castilla y León obliga a dar audiencia a estas administraciones cuando se vea afectado su territorio.

Las entidades locales menores manejan su propio presupuesto y tienen potestad para imponer impuestos y tasas públicas a las actividades económicas, por lo que, si estos pueblos tuvieran personalidad jurídica, podrían cobrar tributos a las eléctricas por instalar torres de alta tensión en su territorio. Los beneficios para estos pueblos son nulos con la situación actual, incapaces de revertir la cesión de espacio para renovables en inversiones para la localidad.

Otra fuente de ingresos para este tipo de administraciones es la explotación de títulos de derecho privado, a través de los montes de aprovechamiento comunal, para lo que es necesario adecuar y actualizar el inventario de bienes municipal.