Vecinos Independientes Agrupados (VIAs) ha registrado una queja ante el Procurador del Común de Castilla y León con ánimo de denunciar las irregularidades en el trato y el reconocimiento de las Entidades Locales Menores por parte del Ayuntamiento de Ponferrada. La formación considera que, desde hace décadas, la totalidad de las corporaciones municipales han venido incurriendo en alegalidades, al incumplir parcialmente la legislación de régimen local en vigor, y por tanto los derechos de los vecinos de las Entidades Locales Menores y los demás núcleos de población del municipio han podido verse afectados.
La queja compendia tres supuestos distintos de irregularidades en los que se habría vulnerado la capacidad jurídica de los núcleos de población del municipio.
El expediente se refiere en primer término, a Entidades Locales Menores cuyo territorio el Ayuntamiento de Ponferrada habría anexionado parcialmente a la capitalidad municipal. Este hecho priva a las entidades locales del ejercicio de sus competencias en su legítimo territorio que contempla la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León.
En segundo lugar, VIAs señala el caso de núcleos de población del municipio que constituyeron Entidades Locales Menores en el pasado, pero carecen de personalidad jurídica en la actualidad. La supresión de estas administraciones habría incidido en alegalidades, al no constar los supuestos y las instituciones previstas en la legislación con capacidad para motivar este supuesto.
Finalmente, la queja recoge también las irregularidades acaecidas con la anexión de los ayuntamientos colindantes y sus núcleos de población durante la segunda mitad del siglo XX. El Ayuntamiento de Ponferrada no habría justificado entonces la desaparición de antiguas Entidades Locales Menores y habría incumplido la legislación de régimen local y demarcación territorial de la época. Estas arbitrariedades continúan sin solución en la actualidad.
En todos los casos se ha ignorado la jurisdicción histórica de los núcleos de población y a todos ellos les avala la Ley 1/1998, de Régimen Local de Castilla y León, para la recuperación de su capacidad jurídica.